El reclamo por la anulación de la concesión del servicio de distribución de la electricidad en el AMBA a Edesur viene de larga data y en el último tiempo sumó voces de intendentes, consumidores, defensorías, sindicatos y cámaras patronales.

“Otra vez Edesur dejó sin servicio a miles de usuarios y usuarias en un día de extremo calor. Esto afecta sobre todo a las personas más vulnerables, como niños, niñas, personas mayores, mujeres embarazadas, personas electrodependientes, entre otras", indicó en un comunicado la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El titular de esa entidad, Guido Lorenzino, dijo que "vamos a pedir al Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) y a la secretaría de Energía que sea el Estado el que se haga cargo momentáneamente de la situación”.

"Cartas en el asunto"

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), indicó que "los cortes, microcortes y problemas de tensión los venimos sufriendo desde hace tiempo. Esto genera pérdidas millonarias en las pymes del conurbano y afecta también a los trabajadores. Nosotros hemos hecho reclamos al ENRE y a Edesur, sin obtener respuesta. Creemos que el Gobierno tiene que tomar cartas en el asunto, tiene que garantizar el suministro de energía. Esto no puede continuar así. Ahora escuchamos que la empresa se quiere ir del país. Creo que lo mejor que nos puede pasar es que venga una empresa que realmente cumpla con el servicio y las inversiones necesarias".

Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, planteó que "con Edesur tenemos un festival de cortes. Todas las semanas hacemos presentaciones en el ENRE en las cuales denunciamos los cortes de suministro en nuestro distrito. Es habitual tener entre dos y tres barrios sin energía con una gran demora en la resolución del conflicto. El año, pasado, el municipio denunció a Edesur por cortes que afectaron a 92.048 usuarios. Con esto quiero decir que prácticamente no hubo usuario de Edesur que no haya sufrido cortes".

En el terreno sindical, el secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), Carlos Minucci, pidió que "el Estado nacionalice la concesión de Edesur y se haga cargo del servicio para volver a ponerlo de pie".

"Tenemos grandes cortes de luz, subestaciones y centrales que se caen, cables que no aguantan la temperatura. Esto es producto de 30 años de la privatización, período en el cual no hubo inversión, se dedicaron a la timba financiera y no a arreglar el servicio eléctrico. Esto se va a tener que rever. Uno de los puntos que tiene que tener cualquier gobierno que en un futuro quiera asumir es qué hacer con el sistema eléctrico. Es imposible que en el siglo XXI cada vez que hace calor o altas temperaturas o nos falta energía o nos falta gas. Esto tiene que tener un final", agregó Minucci.

Usuarios

El titular de la entidad Adduc, Osvaldo Bassano, consideró que "este es un sistema que está totalmente terminado. Edesur pertenece al grupo empresario ENEL y a la familia Caputo, que tiene parte en Transener, parte en Central Costanero y Puerto Nuevo, El Chocón y otras inversiones en energía. Es decir, hay un monopolio energético, razón por la cual los usuarios pagamos de más por la generación de energía. Edesur es el ejemplo cabal de estafa energética, donde los consumidores han debido padecer un sistema abandonado. Es urgente que el Estado tome la concesión, rescinda el contrato a Edesur y automáticamente el Estado realice las inversiones del caso. Esto no puede continuar. Hay prueba suficiente de que es una empresa abandonada".

Para Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores, "los usuarios estamos cansados de la mala calidad del servicio de distribución de electricidad. Edesur encabeza los índices de deficiencia y mala calidad. Parece que el sistema de sanciones por incumplimiento no ha dado los resultados esperados. Cabe recordar que el primer gran apagón se produjo cuando se quemaron los transformadores de Azopardo en los '90, cuando 150 mil usuarios quedaron sin luz por casi diez días, y eso que era la época de las tarifas más altas del mundo. Lo que pedimos es que el servicio vuelva a manos del sector público. El Estado tiene que ampararse en el cúmulo de sanciones e incumplimientos a la hora de justificar la medida y además debe informar claramente a la población acerca de cuál es la situación del sistema de distribución, los plazos posibles de recuperación y las acciones a realizar. Estos plazos se miden por años, pero en algún momento hay que empezar".